El periódico Las provincias el 14 de febrero pasado publicó un artículo sobre las tendencias observadas en los viveros. Resulta ahora que se ha invertido la tendencia: Se arrancan kakis y granados para plantar cítricos.

“Es curioso observar con qué prisa se afanan en arrancarse granados y kakis, sin llegar a producir, o en sus primeros años, con la idea puesta ahora en volver a los naranjos que anteriormente eliminaron con igual apresuramiento… La demanda de plantas de cítricos se orienta sobre todo hacia variedades tardías, especialmente de naranjas, al considerarse que ahí es donde se encuentra en estos momentos mayor posibilidad de crecimiento comercial. También de mandarinas de segunda estación, tanto las sometidas a royalties como las que están en régimen libre.”

Estamos hablando de plantaciones frutícolas, con las correspondientes inversiones. Todos los observadores atentos del sector estaban asustados ante el ritmo del boom de las plantaciones de almendros y kakis. Pero el mensaje no pasaba desde el ámbito de algunos técnicos hacia el conjunto de los agricultores.

Lo vemos en la fruta dulce. Después de años de plantaciones incontroladas, algunos demandan en el marco del Plan estratégico que está construyendo el Ministerio en dialogo con el sector que se financien arranques de frutales.

O sea, por un lado tenemos libertad de plantación por un lado y, por otro, pedimos apoyo público para el arranque. Ya nos ocuparemos en otra entradilla del Plan estratégico cuando sea público, como gestionar la crisis de hoy, como sacar la cabeza del agua para que el sector pueda volver a respirar.

Pero mi tema de hoy es estratégico. ¿Cómo evitar la repetición de estas situaciones?

Se puede perfectamente, en cultivos leñosos, anticipar cual va a ser la producción media previsible en los siguientes años. Estas estimaciones prospectivas pueden ser realizadas por la(s) Administración (es), las interprofesiones, las asociaciones de organizaciones de productores o, incluso mejor, una colaboración entre todas ellas y ellos.

Con esta información, se podrá responsabilizar plenamente los agricultores para que puedan tomar sus decisiones con pleno conocimiento de causa, lo que quiere decir que no podrán luego pedir que el Estado, es decir los impuestos del resto de los españoles, cargue (carguemos) con el coste de sus errores.