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El acuerdo Vietnam-UE abre a España un nuevo mercado

El acuerdo de libre comercio que firmarán el domingo en Hanói Vietnam y la Unión Europea (UE) tras siete años de negociaciones abre a las empresas españolas las puertas de uno de los mercados más dinámicos de Asia, con 95 millones de habitantes y un crecimiento superior al 6 por ciento.

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El convenio, que deberá ser ratificado más adelante por los representantes del Parlamento Europeo elegidos el pasado mayo y por la Asamblea Nacional vietnamita, suprimirá en diez años los derechos de aduanas de mercancías de ambas partes.

La UE lo calificó como el tratado de libre comercio más ambicioso de la Unión Europea con un país en vías de desarrollo, mientras que el ministro de Industria y Comercio vietnamita, Tran Tuan Anh, lo saludó como “el compromiso más alto que un socio ha ofrecido a Vietnam en un acuerdo de libre comercio”.

En el momento de su entrada en vigor, previsiblemente en los próximos meses, la UE eliminará el 85 por ciento de sus tasas arancelarias, que representan el 70 por ciento del valor de las exportaciones vietnamitas a sus estados miembros, y eliminará el 99 por ciento de los aranceles en un plazo de siete años.

Por su parte, Vietnam cuenta con privilegios por ser un país en desarrollo y solo suprimirá el 48,5 por ciento de sus aranceles, equivalentes al 64,5 por ciento del valor de las exportaciones europeas y tendrá diez años para anular el 99 por ciento de las tasas.

Las negociaciones, que comenzaron en 2012 llevaban años cerradas en los aspectos económicos, pero estaban encalladas en el plano jurídico por las reticencias de Vietnam para cumplir con los estándares internacionales en derechos laborales y en protección medioambiental.

Su reciente ratificación de la convención de la Organización Internacional del Trabajo de negociación colectiva (lo que permitirá la creación de sindicatos independientes del Estado) y su compromiso con el acuerdo medioambiental de París han sido decisivos para la firma.

Otro de los obstáculos era el encaje del acuerdo de inversiones, por lo que ambas partes han optado por un tratado paralelo de inversiones que deberá ser ratificado por separado por cada estado miembro.

Aunque las inversiones europeas en el país asiático son aún escasas, para Juan Fernández Cuervo-Infiesta, consejero comercial de España en Ho Chi Minh, es uno de los aspectos con más potencial para España porque permite a empresas europeas competir de igual a igual con las vietnamitas en concursos públicos y conlleva una mayor protección del inversor y transparencia en las concesiones.

“Para España es una oportunidad en contratación publica, somos buenos en infraestructuras, habría garantías para competir en contratos de obra pública. La seguridad jurídica es un problema entonces o te protegen bien o las empresas no invierten”, destaca.

Más que el potencial en la exportación de productos españoles, del que se espera un crecimiento a medida que vayan bajando los aranceles, el consejero destaca el potencial en servicios como la banca, los seguros o los servicios postales.

“Cada vez hay más servicios en la economía mundial. A nivel global, casi importa más que permitan invertir que importar directamente productos”, señala.

Entre los sectores españoles con mayor potencial también cita el turismo, liderado por Melià (presente desde hace más de una década y en plena expansión).

Otra de las posibles consecuencias del tratado sería la aceleración de un fenómeno que se ha producido en los últimos años: el traslado a Vietnam de empresas extranjeras implantadas en China.

“Muchas empresas tienen plantas productivas en China de distintas industrias porque era barato y competitivo y hay muchos suministradores de productos. Pero muchos se están trasladando a Vietnam porque los costes laborales son más bajos”, indica Fernández.

Esta tendencia cobra fuerza en los últimos meses, con un fuerte aumento de la inversión extranjera en Vietnam por la guerra comercial entre China y EE.UU..

Aunque no hay fecha para la entrada en vigor del acuerdo, se espera que en los próximos meses sea aprobado por el Parlamento Europeo y entre en vigor antes de 2020.

 

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